Lo adelantó el secretario de Ambiente Nito Brizuela, quien el jueves firmará un convenio con un instituto nacional dedicado a esa finalidad, como lo exige la ley votada por el Congreso. Lo hacen, luego que un fallo de la Corte puso en vigencia la norma, frenada por un amparo de la Barrick. La Rioja firmará el jueves el convenio para iniciar un inventario sobre los glaciares que existirían en su jurisdicción sobre la cordillera andina y que deberá delimitar también el alcance de las llamadas zonas periglaciares, dentro de las cuales no podrán realizarse explotaciones mineras.

El convenio lo firmará el secretario de Ambiente del gobierno Nito Brizuela y el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, Ricardo Villalba.

De esa forna, la Nación y las provincias mineras comenzarán a dar cumplimiento a lo previsto por la ley que estaba frenada a partir de un recurso de amparo que había presentado la minera canadiense Barrick Gold.

La ley de glaciares

A comienzos del actual mes, la Corte Suprema puso en plena vigencia la ley de glaciares y, con ese fallo, dejó sin efecto una medida cautelar que paralizaba su aplicación.

Además, el alto tribunal ordenó que se realizara un inventario de los glaciares y las áreas de periglaciares, además de una auditoría sobre la actividad industrial que realiza la minera Barrick Gold -la firma que promovió la demanda-, para determinar si su labor industrial afecta alguna zona protegida.

El fallo de la Corte no prohíbe que la Barrick ni ninguna otra empresa continúen realizando la actividad que desarrollan hasta ahora. Lo que sí hace, en cambio, es restablecer la vigencia de todos los artículos de la ley 26.639, entre los que estaban la obligación de hacer un inventario sobre la existencia de glaciares y su ubicación geográfica.

En 2008, el Congreso había sancionado una primera versión de la ley, pero la presidente Cristina Kirchner, que siempre defendió la actividad minera, la vetó.

Dos años después, sobre la base de un proyecto elaborado por el diputado Miguel Bonasso, el Congreso aprobó una nueva norma, que lleva el número 26.639. Pero, esta vez, la Presidente no la vetó para no cargar con el costo político de frenar la aplicación de una ley que tiene el visto bueno de las agrupaciones ambientalistas.

Fue a pedido de la minera Barrick que el juez federal de San Juan, Miguel Angel Gálvez, llegó al mismo resultado: suspendió la aplicación de seis artículos clave y la ley quedó paralizada.

Cuando la Corte asumió el estudio del expediente, le dio intervención al Estado nacional y, en contra de lo que públicamente decía el Poder Ejecutivo, en un escrito el Gobierno adoptó la posición de los ambientalistas.

Finalmente, el 2 de julio pasado, la Corte decidió aprovechar aquella incongruencia y dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el juez Gálvez.

Según la resolución del alto tribunal, que lleva las firmas de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda, la decisión del juez Gálvez había tenido "un fundamento contradictorio".