El decreto de la reforma laboral pasó la difícil prueba del Senado, una Cámara en la que el PP tiene más votos que el partido del Gobierno. La abstención de CiU y PNV, igual que hicieron en el Congreso, favoreció la aprobación del texto que será votado definitivamente el 9 de septiembre en la Cámara baja tras encajar cambios menores en su breve trámite del Senado.

La Comisión de Trabajo del Senado, con competencia legislativa plena, aprobó el decreto ley con el apoyo de los 12 votos socialistas de PSOE, Grupo Mixto y Entesa (se da la circunstancia de que los dos portavoces de Mixto y de la Entesa pertenecen al PSOE de Menorca y al PSC). Los dos senadores de PNV y CiU se abstuvieron y los 12 del PP votaron en contra. Ante el empate a 12 entre síes y noes se impuso la regla de la mayoría ponderada, que favorece a quien sume más escaños en el pleno (en este caso, PSOE, Mixto y Entesa). 

La portavoz del PP, Alicia Sánchez Camacho, rechazó el texto por ser «una reforma laboral para el despido, no para el empleo». Los dos vetos presentados por ERC e Iniciativa per Catalunya Verds fueron rechazados. PNV y CiU tacharon la reforma de «oportunidad perdida» pero optaron por la abstención. 

Los sindicatos insistieron en que la reforma da respuesta a los grupos más conservadores y amplía el poder empresarial. Para UGT y CCOO, el recorte de derechos de los trabajadores y la mayor facilidad del despido constituyen un «atropello social que hace más necesaria la huelga general para parar esta reforma». 

NOVEDADES / Durante su tramitación en el Senado, la reforma laboral ha incorporado las 10 enmiendas presentadas por el PSOE, dos de CiU, tres de PNV y una del BNG. 

El texto del Senado reduce de 100 a 30 días el periodo en el que un parado puede rechazar una oferta de formación de los servicios públicos de empleo sin ser sancionado con retiradas de la prestación por desempleo. La enmienda socialista recibió el apoyo de todos los grupos. 

Además, el Senado ha aprobado que los programas de investigación de las universidades y las grandes obras públicas no estén limitados por la duración de hasta cuatro años para la contratación por obra o servicio. También se ha establecido que las personas empleadas del hogar deben recibir en metálico al menos el salario mínimo interprofesional y que el salario en especie adicional no debe superar el 30% del SMI. 

A instancias del PNV, se facilita el absentismo laboral como causa de despido objetivo. El trabajador podrá ser despedido por faltas de asistencia «que alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses», tal como ya fija el Estatuto de los Trabajadores. Ahora se suprime la coletilla «siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 2,5 % en los mismos periodos de tiempo». Según el PNV, la «grave patología» del absentismo «no debe ser tolerada mediante fórmula alguna que lo atempere».